El actual gobernador de Bolívar, Yamil Arana, continúa siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia dentro del escándalo OCAD-Paz, un caso que indaga el presunto cobro de comisiones de hasta el 12 % sobre recursos destinados a municipios afectados por el conflicto armado.
La investigación se originó durante su período como representante a la Cámara y permanece bajo reserva en la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.
El OCAD-Paz fue creado para financiar proyectos de infraestructura en los municipios más golpeados por la violencia en Colombia.
Los recursos estaban destinados a obras de acueducto, electrificación y vías rurales en los territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La finalidad del fondo era contribuir a la reparación y transformación de las regiones afectadas por el conflicto armado mediante inversiones financiadas con recursos de regalías.
Sin embargo, denuncias conocidas por organismos de control y medios de comunicación pusieron bajo sospecha parte del proceso de aprobación de estos proyectos.
Las investigaciones periodísticas y judiciales señalaron la existencia de un presunto esquema de cobro de comisiones para facilitar la aprobación de proyectos financiados con recursos del OCAD-Paz.
De acuerdo con las denuncias recopiladas por las autoridades, las presuntas comisiones podrían haber alcanzado hasta el 12 % del valor total de algunas obras.
La hipótesis investigativa sostiene que la asignación de determinados proyectos habría estado condicionada por acuerdos políticos y pagos irregulares. Estas denuncias dieron origen a múltiples actuaciones judiciales y disciplinarias.
En julio de 2022, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar relacionada con el escándalo OCAD-Paz. El expediente fue asignado al despacho de la magistrada Cristina Lombana.
Dentro de esta actuación judicial fueron mencionados inicialmente los entonces representantes a la Cámara Yamil Arana, Wadith Manzur y Alfredo “Ape” Cuello.
La investigación busca establecer si existieron presiones o intermediaciones indebidas para la asignación de recursos públicos.
Como parte de las actuaciones ordenadas por la Corte Suprema, el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, fue llamado a rendir declaración.
El exfuncionario confirmó haber recibido alertas de alcaldes que denunciaban presuntas exigencias económicas para lograr la aprobación de proyectos financiados con recursos de paz.
Según las denuncias conocidas por las autoridades, algunos mandatarios locales habrían advertido sobre la existencia de intermediarios políticos que condicionaban el acceso a los recursos.
Estas declaraciones pasaron a formar parte del material probatorio recopilado por la Corte.
Del Congreso a la Gobernación de Bolívar
A pesar de la apertura de la investigación preliminar, Yamil Arana conservó plenamente sus derechos políticos.
Posteriormente renunció a su curul en la Cámara de Representantes y participó en las elecciones regionales de 2023.
Con el respaldo de distintas fuerzas políticas regionales, Arana fue elegido gobernador de Bolívar y asumió el cargo el 1 de enero de 2024.
Las actuaciones investigativas relacionadas con hechos ocurridos durante su ejercicio como congresista permanecieron bajo competencia de la Corte Suprema.
A la fecha, la investigación relacionada con el escándalo OCAD-Paz continúa bajo reserva judicial en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta el momento, el proceso no ha derivado en una acusación formal ni en una condena judicial contra el gobernador de Bolívar. El expediente continúa abierto y mantiene bajo escrutinio judicial actuaciones ocurridas durante el paso de Yamil Arana por el Congreso de la República.
