El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular presentada contra el traslado de la posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto en Cali y ordenó al Congreso de la República, varias entidades del Estado remitir la información relacionada con la organización del evento antes de resolver la solicitud de suspensión provisional formulada por el demandante.
La decisión quedó consignada en un auto del 3 de agosto de 2026, suscrito por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien consideró procedente admitir la demanda presentada por David Fernando Cano Mazuera.
No obstante, el despacho aclaró que la admisión del proceso no implica una decisión sobre la medida cautelar, la cual será analizada una vez las entidades requeridas entreguen la información solicitada.
En la acción popular se plantea que el cambio de sede de la ceremonia presidencial podría comprometer derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la legalidad de las actuaciones estatales.
Por esa razón, el demandante solicitó suspender el traslado mientras se verifica si la decisión estuvo respaldada por los estudios y procedimientos exigidos para un evento de esta naturaleza.
Antes de pronunciarse sobre esa petición, el Tribunal decidió requerir a las autoridades involucradas toda la documentación que permita establecer cómo se adoptó la decisión de trasladar la posesión presidencial a Cali.
Entre la información solicitada figuran los actos mediante los cuales se autorizó el cambio de sede, las actas y certificaciones que acreditan el trámite surtido en el Congreso, así como los estudios presupuestales, los contratos relacionados con la organización del evento y los planes de seguridad, movilidad y gestión del riesgo elaborados para la ceremonia.
El despacho judicial concedió plazo hasta las 5:00 de la tarde del martes 4 de agosto para que las entidades accionadas remitan la información requerida, la cual será determinante para resolver si procede o no la medida cautelar solicitada dentro del proceso.
Congreso, Gobierno y Abelardo de la Espriella fueron vinculados al proceso
Dentro del trámite judicial fueron vinculados el presidente del Congreso, los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía de Cali, entidades que deberán responder a los requerimientos formulados por el Tribunal.
El auto también reconoce como tercero con interés directo al presidente electo Abelardo de la Espriella, al considerar que el resultado de la actuación judicial puede incidir sobre la realización de la ceremonia de posesión prevista para el próximo 7 de agosto. Con la documentación que remitan las entidades accionadas, el Tribunal definirá en los próximos días si mantiene el curso normal de la ceremonia prevista en Cali o si accede a la solicitud de suspensión provisional presentada dentro de la acción popular.
